La crisis española

Como ya sabemos, la economía española al igual que el resto de países como Reino Unido, Irlanda o incluso Estados Unidos sufrió una financiarización que se ha traducido en una creciente fragilidad sistemática. Durante la década anterior, el crecimiento económico aumentó de manera considerable llegando a tasas superiores a la media europea, el empleo creció de manera significativa, la inflación estaba equilibrada y todo ello era compatible con superávits fiscales.

Fue en 2006 cuando la economía española empezó a mostrar síntomas de estancamiento. Podríamos decir que esta situación reflejaba la “crónica de una muerte anunciada”, ya que, el crecimiento de las cotizaciones bursátiles no puede progresar eternamente si no está amparado por incrementos en la productividad y los beneficios reales de las sociedades. Para comenzar, diferenciaremos los dos períodos de la crisis:

1. Comprendido durante los años 2008-2009: al frente del gobierno se encontraba José Luis Rodríguez Zapatero, éste optó por ayudas fiscales.
2. A partir del año 2010, con Mariano Rajoy como presidente del gobierno, consolidó lo que el anterior gobierno había dejado, ya que, también se inclinó por el ajuste fiscal.

Por tanto, aquí podemos comprobar cuál era el objetivo de ambos gobiernos, proteger los intereses del capital financiero y garantizar el cobro de las deudas contraídas. Esto se tradujo en ayudas del gobierno a los bancos para que éstos pudieran hacer frente a las deudas que tenían con los acreedores externos. De este modo, lo que comenzó siendo una crisis bancaria pasó a ser una crisis fiscal. Para alcanzar su objetivo, apostaron por la imposición de recortes del salario a los empleados públicos, una reforma laboral, una reforma en el sistema de pensiones, culminando con profundos recortes en el gasto educativo, sanitario y subsidios por desempleo. Por lo que, podemos afirmar que el peso de esta crisis ha recaído especialmente en los trabajadores y clases populares.

Aunque hemos estado durante estos años escuchando que uno de los orígenes de la crisis española ha sido por el elevado gasto público, si nos fijamos en los datos de los que disponemos no tiene mucho sentido, ya que, como podemos observar en el gráfico 1, el gasto público español se encuentra cinco puntos porcentuales por debajo del gasto medio en la Zona Euro.

Una vez cerrada ideológicamente la vía de la reforma fiscal, la salida a esta situación deficitaria se fue a buscar en los mercados de capitales, debido a que como podemos ver en el gráfico 2, antes de que estallara la crisis en el 2007, España presentaba un superávit fiscal del 1,9% del PIB, mientras que en 2009 éste pasó a ser un déficit del -11,2%, y del -9,4% en 2011. El recurso masivo al endeudamiento público en los mercados de capital no es un fenómeno exclusivamente español, ya que, buena parte de los países europeos y Estados Unidos, se han lanzado a la obtención de crédito por esta vía. La consecuencia, no obstante, es que se ha abierto un doble proceso de competencia por la deuda: entre los países entre sí y entre las emisiones de bonos de deuda pública, por un lado, y las de deuda privada de las empresas, por otro. En este conflicto, las agencias de rating se han convertido en auténticos árbitros, actuando de facto como punta de lanza política de los intereses financieros, en el intento, casi siempre exitoso, de reconducir la mayor cantidad posible de dinero público hacia los operadores de las finanzas globalizadas.

Las consecuencias de esta nueva tutela de las cuentas públicas, y por extensión del Estado, por parte de los agentes financieros es un agravación del conflicto distributivo que, de por sí, implica el modelo económico de la financiarización y que había quedado momentáneamente en un segundo plano debido al funcionamiento de los esquemas de este modelo de crecimiento. La cuestión central que ahora se abre es eminentemente política, no económica. Y arranca de una premisa sencilla: no hay manera, al menos por ahora, de volver a reiniciar la máquina del crecimiento por vía de una nueva escalada patrimonial, debido tanto a los límites de un nuevo ciclo financiero a nivel global, como a los topes a nuevas rondas de endeudamiento privado y el agotamiento de las líneas de intervención política que actuaron sobre los mercados inmobiliarios. Ante esta ausencia de oportunidades de recomponer el beneficio usual, los agentes corporativos y financieros han leído la coyuntura en clave de subordinación del gasto público y de extensión de la desposesión.

Finalmente, os dejo el siguiente video que trata sobre la crisis hipotecaria española: